El gobierno de España, encabezado por el primer ministro Pedro Sánchez, ha anunciado su intención de aplicar un impuesto del 100% sobre la compra de propiedades inmobiliarias por parte de ciudadanos no residentes y no pertenecientes a la Unión Europea.
Aunque esta medida se encuentra aún en etapa de anuncio y no se han ofrecido detalles sobre su implementación ni un calendario claro, representa una iniciativa destinada a combatir la especulación en el mercado inmobiliario y a abordar la creciente crisis de acceso a la vivienda en el país.
Contexto del anuncio
Según el registro de propiedad de España, en 2023 los extranjeros adquirieron 87,000 propiedades, lo que representa un 14% del mercado inmobiliario. Sin embargo, los compradores no comunitarios, objetivo principal de la medida, representaron solo 27,000 de esas ventas, aproximadamente un 5% del total, tal como publica IMI Daily.
El gobierno argumenta que este grupo de inversores adquiere inmuebles principalmente con fines especulativos, exacerbando el problema de los precios altos y limitando el acceso de los residentes locales a la vivienda.
Sánchez justificó la propuesta citando el incremento del 48% en los precios de la vivienda durante la última década en Europa, lo que ha creado una desconexión insostenible entre los costos de vivienda y los ingresos de los hogares.
Según el primer ministro, esta situación requiere una respuesta decisiva para evitar una división social entre propietarios ricos y arrendatarios empobrecidos.
Impacto potencial de este impuesto del 100% en los inversores extranjeros
- Dificultades para adquirir propiedades en España: De implementarse este impuesto, los inversores no comunitarios que buscan establecerse en España, ya sea para residencia permanente o como parte de una estrategia de diversificación de activos, enfrentarían costos significativamente mayores, haciéndolo financieramente inviable para muchos.
- Efecto en los programas de residencia por inversión: La medida se suma al reciente anuncio de la clausura del programa de visados de inversión (Golden Visa) en abril de 2025. Esto complica aún más las opciones para extranjeros no comunitarios, quienes deberán recurrir a vías como el visado no lucrativo, que requiere residir en España al menos seis meses al año y demostrar alojamiento, ya sea mediante compra o alquiler. Con un impuesto tan elevado, el alquiler podría convertirse en la única opción viable para muchos, indica el medio Moneyweek.
- Impacto en el mercado inmobiliario: Aunque el objetivo del gobierno es controlar los precios y frenar la especulación, algunos expertos señalan que estas medidas podrían reducir la inversión extranjera en el sector inmobiliario, afectando la liquidez del mercado y, potencialmente, ralentizando el desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios.
- Reacción internacional: Esta iniciativa forma parte de una tendencia europea más amplia para desincentivar la inversión extranjera en bienes raíces, como ya ocurre en países como Canadá y Dinamarca. Sin embargo, críticos argumentan que el problema de asequibilidad en España radica más en la falta de oferta de vivienda y en políticas regulatorias ineficientes, en lugar de la demanda extranjera.
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Es importante destacar que, hasta el momento, el anuncio de este impuesto del 100% a propiedades no ha sido formalizado en términos de legislación ni se ha proporcionado un cronograma de entrada en vigor.
Como resultado, los inversores extranjeros no comunitarios deben mantenerse atentos al desarrollo de esta política y evaluar su impacto potencial en sus planes de inversión o residencia en España.
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