Portugal: Cambios a la ley de extranjería serían inconstitucionales
El Tribunal Constitucional de Portugal ha declarado que los cambios a la ley de extranjería serían inconstitucionales, mediante un fallo que anula varios puntos clave de la reforma aprobada en julio.
Esta decisión impide que entren en vigor previsiones que limitaban el reagrupamiento familiar, restringían derechos procesales y priorizaban solo a algunos colectivos.
El pronunciamiento refuerza la necesidad de que las reformas migratorias respeten los derechos fundamentales y la unidad familiar. El texto volverá al Parlamento para ser reevaluado y modificado durante septiembre, según informa CNN Brasil.
Principales puntos declarados inconstitucionales
La reformulación aprobada el 16 de julio incluía una serie de cambios controvertidos. Se proponía una espera obligatoria de dos años antes de que un residente extranjero pudiera pedir el reagrupamiento familiar, incluyendo a su cónyuge, y exigir convivir previamente en el país de origen. El Tribunal consideró que esta medida viola el derecho constitucional a la unidad familiar y podría llevar a la separación de núcleos familiares.
Además, la ley limitaba el derecho de apelación frente a decisiones administrativas, como las emitidas por la Agencia para la Integración, Migraciones y Asilo (AIMA), lo que atenta contra el acceso a la justicia y la seguridad jurídica del solicitante.
También se pretendía restringir la visa de búsqueda de trabajo solo a profesionales “altamente cualificados”, sin definir claramente los criterios, y restringir autorizaciones de residencia a quienes ingresaran sin visado desde países de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), lo que afectaría especialmente a los brasileños.
La respuesta institucional y el marco constitucional
Tras el fallo, el presidente Marcelo Rebelo de Sousa vetó la ley, enviándola de vuelta al Parlamento para su revisión. El proceso legislativo tendrá que retomarse tras el receso estival. El primer ministro, Luís Montenegro, aseguró que el gobierno no abandona su objetivo de reformar la ley, aunque ahora deberá adaptarla conforme a los límites constitucionales.
El Tribunal fundamentó su decisión en principios constitucionales como el derecho a la familia (artículo 36), el acceso a la tutela judicial efectiva (artículo 20) y la proporcionalidad en las medidas legislativas. Además, resaltó la necesidad de asegurar la igualdad de trato y la seguridad jurídica para los residentes legales.
Relevancia del fallo y defensa de derechos fundamentales
La anulación de estas medidas muestra el papel esencial del Tribunal en salvaguardar los derechos constitucionales frente a iniciativas legislativas marcadas por tinte ideológico o urgencia política. Según analistas, esta decisión va más allá de una cuestión técnica; reafirma la identidad de Portugal como país acogedor, enraizado en valores democráticos e históricas dinámicas de partida y llegada de personas.
De cara al futuro, el Parlamento enfrentará el desafío de articular una normativa que combine eficiencia en la gestión migratoria con respeto irrestricto a los derechos humanos.
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