Las largas esperas de quienes esperan respuesta a sus solicitudes de residencia en Portugal podrían estar llegando a su fin.
Esto, luego de un fallo del Supremo Tribunal Administrativo portugués, que obliga a la Agencia para la Integración, Migraciones y Asilo (AIMA) a resolver dichas peticiones de autorización de residencia en un máximo de 90 días.
Con esta resolución, se busca proteger los derechos, libertades y garantías de los solicitantes, poniendo fin a situaciones de «indignidad» derivadas de la inacción de la agencia, señala el medio local Público.
Solicitudes de residencia: Miles de casos pendientes
Hoy existen miles de procesos judiciales pendientes en relación con estas demoras, lo que refleja una «situación dramática» en la gestión de las solicitudes de residencia.
Para abordar esta problemática, los jueces recomiendan el uso de mecanismos legales como la «intimación para la protección de derechos, libertades y garantías», que obliga al Estado a responder en un plazo de tres meses.
Esta ha sido, precisamente, la acción legal que AIM Global ha recomendado a sus clientes que se encuentran a la espera de una respuesta de la autoridad, por un plazo mayor al legalmente señalado.
Consecuencias legales del fallo
El tribunal advierte que, si AIMA no cumple con estos plazos, sus dirigentes podrían enfrentar sanciones pecuniarias personales.
Este fallo unifica criterios jurisprudenciales y establece que todas las solicitudes de autorización de residencia deben tratarse con carácter de extrema urgencia. Aunque los jueces no pueden obligar a AIMA a conceder autorizaciones, las denegaciones deberán estar debidamente justificadas conforme a la ley vigente
Respecto al programa de Golden Visa, la decisión judicial podría tener implicaciones significativas. La exigencia de cumplir estrictamente con los plazos legales podría mejorar la eficiencia en la tramitación de solicitudes, aumentando la confianza de inversionistas internacionales en los procesos migratorios del país.
Sin embargo, también podría implicar una mayor presión sobre las autoridades migratorias para gestionar el volumen de solicitudes dentro de los plazos establecidos, lo que podría requerir mejoras en la infraestructura y recursos de AIMA.
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En resumen, este dictamen del Supremo Tribunal Administrativo portugués refuerza la necesidad de una gestión eficiente y transparente en los procesos de autorización de residencia, lo cual es crucial para mantener la competitividad y atractivo de Portugal como destino para programas de inversión en residencia y ciudadanía.
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